¿Sera casualidad o la
institucionalidad está dando las señales de aceptación al cambio?
Hoy recibimos una gran noticia, SERVEL
ratifica que votos marcados (AC o
Asamblea Constituyente) son válidos y serán contabilizados, además de ser
registrados en las actas de cada mesa. Siguiendo la norma a pie de la
letra, la institucionalizad confirma que la ciudadana puede
manifestar su parecer sin alterar el proceso electoral
del próximo noviembre. Un logro importante para sus promotores y
la ciudadana que busca producir cambios dentro de
la constitucionalidad, pero más concreto es el golpe a aquellos que han
hecho lo imposible por contener y anular todo intento de cambio del actual
sistema social, político y ;económico.
Sera casualidad que este mensaje llegue a
pocos días de otro suceso trascendental en el equilibrio de
poder y en el funcionamiento de la orgánica misma de
las instituciones que conforman& el Estado. La corte de
apelaciones de Santiago (el poder Judicial de esta República) anuló
la aprobación con condiciones de la generadora de Endesa que efectuó
el Comité de Ministros (el poder ejecutivo) en diciembre pasado a la
planta a carbón Punta Alcalde. Resultado que se suma al rechazo de la Corte
Suprema a la central termoeléctrica Castilla, de MPX y E.ON anteriormente.
Más toda la enturbiada disputa que existe por el proyecto Alto
Maipo e Hidroaysen. No podemos afirmar que el poder judicial tiene
intencionalidad "partidista" por una u otra causa, pero si podemos
creer que la normativa legal y la institucional está siendo pasada por alto por
parte de autoridades voluntariosas, o empresas mañosas.
Lo que no es casualidad es el
oportunismo político a estos hechos, mientras unos buscamos los
posibles focos de conflicto de estas medidas, otros, como el Senador Guido Girardi (PPD) sale a buscar la cabeza de la
ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez. Trascendental o
no este suceso demuestra donde están puestos los focos de algunos
políticos, no es menor recordar que muchas de estas iniciativas tuvo
un margen legal e impulso político en gobiernos de
su coalición (La Concertación).
Quizás nada es casualidad, cuando analizamos el proceso
social de los últimos años, con una ciudadanía más activa respecto a demandar
mejoras sociales, más crítica respecto al sistema político, pero sobre todo más
preparada en este tipo de disputas. Los tribunales, instituciones del Estado,
el Congreso mismo ya no son los salones privados de
una élite particular, Aun no se han abiertos las grandes alamedas
como pedía el Allende, pero si, cada día que pasa nos
empoderamos del sentimiento de pertenecía y apropiación de estos espacios,
estos edificios y estas institucionalidades públicas que pertenecen a la
ciudadanía.
Esta
institucionalidad nacida en Dictadura, régimen o gobierno Militar (da
igual el concepto con cual lo adornemos, cuando sabemos cómo fue el periodo)
pensada para excluir, ha permitido excluir a los partidos políticos actuales
del despertar social. Exclusión que buscaba alejar a los Discolos,
independientes o a los a-partidistas fuera del sistema, hoy entrega una
plataforma común a centenares de candidatos. El proceso engorroso y mal visto
de antaño de recolectar firmas para inscribir una candidatura se ha convertido
en la herramienta para acercarse a la ciudadanía, trasparentar ideas y buscar
apoyo en el terreno mismo. Lo que se pensó como una herramienta de exclusión
ahora es un arma contra la corrupción cívica del sistema político imperante.
Sin
duda no sabemos si las personas, con opinión políticas, tras los cargos
públicos y tras todas las instituciones públicas están o no en sintonía con
estas ideas “de cambio”, pero por lo menos vemos luces de que la norma
escrita y la aplicación trasparente y confiable de las mismas dan validez de
“Derecho” a hacer lo que se hace.
Este
Estado que por norma a veces es represivo, excluyente y desigual ha permitido
forzar dentro de la norma este tipo de avances ciudadanos.

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